PLATAFORMA ELECTORAL DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE JUBILADOS Y JUVENTUD.

 

INTRODUCCION

 

El desafío es avanzar más allá de las prácticas vigentes para dar lugar a una democracia más transparente y participativa que retome los principios históricos que inspiraron las luchas democráticas, la igualdad, la libertad, la solidaridad y la justicia social. Para ello es necesario sentar los cimientos de una democracia con nuevas bases, que articule la calidad institucional y la distribución social y federal de la riqueza nacional.

La democracia es un régimen político que necesita ser pensado y recreado permanentemente. No puede alimentarse exclusivamente de sus rutinas. Dicho de otra manera, no se trata de conciliar los intereses tal cual existen, sino de luchar para reformularlos y reorientarlos en función de un proyecto de mejora de la sociedad.

La democracia que hemos recuperado institucionalmente hace cuatro décadas, tiene una deuda con la sociedad que no podemos ni debemos eludir. La calidad de una sociedad y de su organización estatal se relaciona directamente con la capacidad de proporcionar a sus habitantes los atributos mínimos de ciudadanía garantizando un piso irrevocable de derechos para todos y todas sus habitantes.

En esta dirección, para definir un horizonte progresista, partimos de   dos premisas fundamentales: un mayor bienestar y mejor Estado para todos y todas.

El concepto de bienestar alude a una situación colectiva de satisfacción de necesidades. No se trata de una adquisición personal sino de un proyecto. Un proyecto de organización social que estructura y da sentido al porvenir de una sociedad.

Es una construcción colectiva que se forja en el ámbito público sobre la base de valores compartidos. Es reconocer los derechos y crear las condiciones para garantizarlos.

Esta visión demanda una nueva relación entre Estado, Mercado y Sociedad Civil que jerarquiza el valor de las iniciativas sociales, tratado de contrarrestar tanto el paternalismo estatal como el reino del mercado.

A diferencia de la sociedad en la que vivimos, donde la exclusión social es un rasgo estructural, una sociedad del bienestar encuentra su principal fundamento de legitimidad en su capacidad inclusiva.

Como podemos comprobarlo a partir de los últimos años, el carácter inclusivo de la sociedad no surge espontáneamente. El bienestar de una sociedad solo es el resultado de una voluntad política.

Es necesario mejorar el Estado para volverlo más eficiente, en sus dos dimensiones: institucional y cívica. En su dimensión institucional, hablamos del Estado de Derecho, del respeto a la ley, de la garantía de los derechos fundamentales, del acceso de todos y todas a la justicia, del respeto a la división de poderes. En su dimensión cívica, hablamos de una relación de pertenencia, del Estado como unidad de representación en el cual los ciudadanos y ciudadanas se reconozcan y se respeten los derechos individuales.

Se trata de construir un Estado eficiente y a la vez amable, capaz de impulsar con rapidez las políticas públicas, pero también de construir un trato cordial con las y los ciudadanos. Un nuevo trato que le permita al Estado renovar en el día a día su legitimidad, recuperando la autoridad necesaria para transformar la sociedad y erradicando la arbitrariedad del poder.

Para esto resulta imprescindible revertir la degradación de la calidad de las instituciones estatales. El Estado que necesitamos los y las argentinas debe reflejar la pluralidad y heterogeneidad de nuestra sociedad.

Estamos abocados a la tarea de construir un país que destierre la tendencia a la excepcionalidad y recupere el valor del acuerdo y respeto a las normas de convivencia que regulan la vida en sociedad. En este camino, distinguimos los siguientes pilares fundamentales.

Diálogo y concertación

Para dialogar se requiere voluntad, una gran capacidad de escucha   y respeto por el otro. Sabemos que hoy se proclama el diálogo pero se observan pocas actitudes favorables al mismo; es por esa razón que estos conceptos han perdido su significado más profundo. Reconociendo como antecedentes el camino trazado por el Diálogo Argentino para responder a una crisis tan compleja como la de 2001, debemos reconstruir esa herramienta. El mayor acierto de aquella experiencia de diálogo institucional fue cambiar el lugar y la forma de la discusión política que se había barbarizado y dotarla de racionalidad. Mejorar la calidad de la discusión pública y reconocer al otro como un igual, facilitará la convergencia de voluntades en una orientación común.

Cohesión social y solidaridad

Es imperioso consolidar en la Argentina lazos sociales que refuercen la confianza y la reciprocidad.

La cohesión social se fortalece con la solidaridad. Desde el Estado se deben fortalecer vínculos y redes a través de diversos mecanismos de inclusión, tales como un nivel adecuado de gasto público social y su distribución según las necesidades del territorio.

Participación ciudadana

La experiencia nos demuestra que sin participación no hay cambio:  ninguna transformación histórica se ha logrado sin participación ciudadana. La democracia social que le hace falta hoy a nuestra república, se construye y se sostiene sólo con el involucramiento y el compromiso de la ciudadanía. Y especialmente en la época actual adquiere una importancia fundamental el espacio local, ámbito privilegiado para la participación ciudadana.

Transparencia, ética pública y cambio moral.

Nuestro proyecto colectivo se funda en principios éticos: la ética parte inseparable de la propuesta socialista, La ética pública que requiere que el estado tenga como prioridad trabajar en defensa de los derechos fundamentales y las acciones legales y administrativas necesarias para garantizar la transparencia, generando un sistema de justicia independiente, sancionando las prácticas de corrupción e impunidad, promoviendo el control social y garantizando el acceso de las y los ciudadanos a la información pública.

El cambio moral que proponemos consiste en transformar la lógica de las y los funcionarios públicos. Apuntamos a que los mismos se consideren como verdaderos servidores de la ciudadanía, que deben velar por su defensa del interés público por sobre los intereses individuales. Deben cumplir con la ley, rendir cuentas a la sociedad de sus actos y ser imparciales en la gestión de los asuntos públicos.

Ciudadania e inclusión social   

La garantía de una democracia social es la efectiva inclusión social y política de la ciudadanía, aspectos que continúan siendo relegados en  la Argentina.

Para la construcción de una ciudadanía con acento en la inclusión social, es necesario enfrentar las causas de la pobreza, y no solo trabajar para combatir sus efectos. Esta tarea exige la superación de visiones parcializadas y la adopción de abordajes integrales y multidisciplinarios.

Economía del  desarrollo               

Una economía del desarrollo requiere de un Estado activo para orientar el crecimiento y la distribución del ingreso. Es preciso, por consiguiente, encontrar combinaciones de instrumentos y políticas que actúen en ambas direcciones, crecimiento económico e igualdad distributiva. La redistribución es un objetivo legítimo de las políticas públicas para equilibrar la tendencia del mercado a concentrar recursos, y es tan importante como el crecimiento para la reducción de la pobreza.

En este sentido, las políticas de crecimiento económico y desarrollo social deben llevarse a cabo simultáneamente, y no de forma consecutiva. El crecimiento económico permite una inversión sostenida en desarrollo social y el desarrollo social aumenta la capacidad de los ciudadanos de construir al crecimiento.

La participación de los sectores público y privado, así como su complementariedad, son cruciales en este proceso. El primero tiene su mayor responsabilidad en el desarrollo social y en la orientación de las decisiones del segundo, que concentra su mayor responsabilidad en el crecimiento económico y el empleo. Una correcta identificación de la estrategia de desarrollo económico debe considerar: la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil; la inserción en el mercado internacional; la estructura de la producción por origen sectorial y su destino a los mercados internos o externos; la inversión pública y privada y su financiamiento y la distribución de ingreso, tanto funcional como personal, y su dimensión social.

Promovemos un desarrollo integral que contemple lo económico lo social y lo ambiental.   

Planificación estratégica

La planificación estratégica es el instrumento idóneo para formular y desarrollar estrategias de cambio basadas en un conocimiento de la realidad que incorpore todas las miradas, reconociendo nuestras historias y nuestras culturas. La tarea de planificar requiere estudiar y conocer antes de decidir. Supone creación e innovación antes que repetición. Es una forma de evitar que la exigencia de dar respuestas diarias a las urgencias nos impida ver los temas más importantes cuya atención resulta decisiva para definir el futuro.

Adoptar un enfoque estratégico implica asumir una visión orientada a la acción y caracterizada por una multiplicidad de perspectivas, que involucra vinculo transdisciplinarios e interinstitucionales y los pone al servicio de la construcción participativa de un horizonte futuro, lo cual conlleva un cambio cultural. La planificación estratégica territorial es una herramienta de análisis, participación ciudadana y toma colectiva de decisiones, que produce un marco de referencia compartido, cuya importancia decisiva radica en la perspectiva  a partir de la cual aborda las ideas de transformación. No sólo marca el ritmo de crecimiento económico, sino que fija la orientación y destino del mismo: le da discrecionalidad.

PROMOVEREMOS DESDE EL CONGRESO NACIONAL

1. RECUPERAR LA INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA

La justicia necesita modernizarse y estar más cerca de la gente. Nuestro compromiso es devolverle a la justicia su independencia para evitar seguir concentrando el poder y cerrar el círculo de protección a la corrupción.

1. COMBATIR LA CORRUPCIÓN

La Argentina era grande porque tenía valores.

Nuestro compromiso es trabajar para desterrar la impunidad de la que gozan algunos funcionarios y amigos del poder.

Ser iguales ante la ley significa tener tolerancia cero a la corrupción. Vamos a promover una nueva cultura del control con auditorías internas y externas para revisar las cuentas públicas y la actuación de los funcionarios de gobierno, denunciando todos los casos de corrupción. Y también vamos a dar una dura batalla para que exista un amplio acceso a la información pública.    

1. APOSTAR  A LA EDUCACIÓN Y A LA CULTURA DEL TRABAJO

Miles de ciudadanos han sido excluidos de los beneficios del crecimiento en estos últimos años. Nuestro compromiso es darle una dura batalla a la exclusión y a la pobreza, con propuestas que requieren el valor de la educación y de la cultura del trabajo.

Vamos a promocionar la capacitación en oficios, inculcando hábitos e internalizando pautas de disciplina, asumiendo objetivos y responsabilidades generando ánimo emprendedor y el acceso al saber, fundamentalmente “al saber hacer”, como parte de una nueva cultura del trabajo.

También vamos a impulsar una reforma laboral progresista, que reconozca las nuevas relaciones de trabajo y las nuevas formas de producir, garantizando derechos.

1. TRABAJAR POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El crecimiento hace años que está estancado.

Vamos a promover propuestas de desarrollo basadas en la igualdad, la integración y la sustentabilidad. Para cambiar la estructura productiva, hacerla más inclusiva e igualadora y lograr de ese modo que el crecimiento perdure.

Asimismo, es necesario continuar con la baja de la inflación y cuidar el déficit fiscal, pero ello no puede implicar un ajuste sobre los sectores más vulnerables de la sociedad.

Tenemos que transformar el crecimiento en un desarrollo sustentable. Con un modelo productivo que preserve los recursos naturales y articule la producción con la ciencia y la tecnología. Que aproveche a nuestros científicos, nuestros laboratorios de primer nivel y nuestras universidades, para que se reúnan con nuestros productores e industriales y generen las verdaderas innovaciones que van a hacer que sustituyamos importaciones y no dependamos de productos extranjeros.     

1. DEFENDER EL FEDERALISMO

Debemos impulsar un nuevo Pacto Fiscal que resuelva la cuestión federal, que transita pero no se agota en la Ley de Coparticipación y modifique los impuestos nacionales para recuperar la justicia distributiva.

1. PROMOVER EL DIALOGO Y EL ENCUENTRO

La convivencia está seriamente amenazada. Sabemos que hay que trabajar muy duro contra las causas sociales e institucionales que fomentan el delito y el crimen, pero también tenemos que luchar muy fuertemente contra quienes los cometen.  

1. PROMOVER POLITICAS SOCIALES DE GÉNERO Y DE DIVERSIDAD

Es necesario consolidar un modelo de diseño e implementación de políticas sociales basadas en la integralidad, en la coordinación y la colaboración entre las distintas áreas del Estado que atienden en estas materias, especialmente orientadas a Grupos Vulnerables: personas con discapacidad, personas mayores, pobreza estructural, niñas, niños y jóvenes, personas en situación de abandono, víctimas de catástrofes, víctimas de adicciones, víctimas de violencia. Asimismo promover políticas públicas que empoderen a las mujeres y se basen en la inclusión de los géneros y la diversidad; y garantizar la perspectiva joven y de géneros en el diseño de las políticas públicas.  Por último se buscará consolidar, apoyar y sostener el derecho a la salud de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar y se fomentarán políticas y acciones que atiendan a la prevención de la violencia de género y a la implementación de nuevas prácticas que favorezcan la igualdad de género.